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El Ayuntamiento de Barcelona hace balance del plan de inspección de pisos turísticos ilegales un año después de su puesta en marcha. Se han detectado un total de 6.197 viviendas de uso turístico ilegal, que se concentran mayoritariamente en Ciutat Vella, L'Eixample y Sant Martí. Y el plan de choque ha permitido ordenar el cierre de 2.332 pisos e imponer 3.473 sanciones en un año.

El plan ha dado muestras de más agilidad, eficacia y eficiencia en la lucha contra la oferta sumergida, y fruto de ellos son los 744 propietarios de pisos que han acatado la orden de cese y se han dictado 145 precintos.

Los resultados de este incremento de inspecciones y de sanciones de viviendas de uso turístico (HUT, por las siglas en catalán) ilegales son fruto, en parte, del trabajo que realiza un equipo de visualizadores. Estas personas se encargan de detectar posibles pisos sin licencia mediante la obtención de datos, entrevistas a turistas y al vecindario y la información que aparece en las plataformas web.

En el mes de mayo el número de visualizadores se dobló hasta 40 efectivos. Eso les ha permitido realizar 3.300 investigaciones en internet de anuncios de pisos turísticos sin número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña y efectuar 1.157 visualizaciones a pie de calle que han permitido identificar 630 HUT ilegales. De esta manera se ha agilizado la detección de pisos y facilitado la tarea del equipo de inspección, que es el encargado de cursar las sanciones y órdenes de cese correspondientes.

La colaboración ciudadana también ha sido clave en el proceso contra los pisos turísticos ilegales. Desde julio del 2016, la web específica sobre viviendas turísticas ha recogido más de 3.000 quejas y reclamaciones, a las cuales se suman un millar de llamadas recibidas a los teléfonos gratuitos habilitados por el consistorio presidido por Ada Colau.

Enmarcada en las acciones contra los pisos turísticos ilegales, el mes pasado se puso en marcha la campaña #fairtourismBCN, para corresponsabilizar a los turistas en sus países de origen de los efectos negativos que la oferta no reglada tiene sobre la ciudad.

En busca de un turismo sostenible en la ciudad, se ha impulsado la creación de una mesa de trabajo junto con diferentes plataformas digitales, entre las cuales destacan Booking, TripAdvisor o Apartur, entre otras. Esta colaboración compromete a las empresas que actúan como intermediarias de la oferta de alquiler vacacional a cumplir la legalidad y evitar la oferta de pisos sin licencia.

Con respecto a Airbnb, el Ayuntamiento entregó en el mes de julio una lista de un millar de pisos ilegales que se anunciaban en el portal web, sobre los cuales se había dictado una orden de cese. La plataforma ha eliminado todos los anuncios de la lista, muestra así su compromiso y busca nuevos mecanismos para asegurar que, de ahora en adelante, la totalidad de la oferta de pisos sea legal.