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El fondo inversor Azora, propietario de un edificio de viviendas situado en la plaza de Alfonso Comín, se enfrenta a un expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Barcelona tras haber incumplido la obligación de alquilar veinte pisos, que han estado vacíos durante periodos de hasta tres años.

Además, los vecinos del edificio denuncian prácticas abusivas de Azora con respecto a los precios y algunas condiciones del alquiler.

La Unidad de Disciplina de Vivienda del Consistorio presidido por Ada Colau, que trabaja para hacer frente a las prácticas abusivas y las operaciones especulativas y para evitar la vulneración de derechos, el acoso y la discriminación en materia de vivienda, detectó que el fondo Azora había mantenido hasta veinte pisos vacíos en periodos de hasta tres años.

La Ley del derecho a la vivienda determina que los pisos convencionales solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, y en el caso de pisos protegidos, el periodo máximo es de tres meses.

La infracción está tipificada como muy grave y la multa puede ser de entre 90.000 y 900.000 euros.

No obstante, el Consistorio propone al fondo inversor que ponga los pisos vacíos a disposición de la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona.

Azora y las familias inquilinas

En el 2010 el fondo inversor Azora Gestión Inmobiliaria, SL adquirió el edificio de viviendas de la plaza de Alfonso Comín, 11-12, que se construyó para ofrecer pisos de alquiler y con protección oficial. A partir del año 2018 pasó al régimen de precio concertado.

El anuncio del expediente sancionador se añade al malestar de los vecinos y las vecinas del edificio, que denuncian que Azora ha impuesto subidas de precios desmesuradas y prácticas abusivas.

Cuando el edificio pasó a régimen concertado, la propiedad aplicó a las familias inquilinas los precios más altos marcados por la normativa, superiores a los precios de referencia del índice de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Eso implica que el alquiler de estos pisos es más elevado que el de pisos similares de la zona que no tienen protección oficial.

A esta situación se añade el hecho de que Azora no ha querido renovar algunos de los contratos de alquiler, aunque las familias cumplen los requisitos.

Por todo ello, el Ayuntamiento solicita a la Generalitat que intervenga en el conflicto y obligue al fondo inversor a modificar los precios máximos para este tipo de viviendas. Además, se insta a Azora a renovar los contratos de alquiler vigentes.