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La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso en la defensa de la propiedad privada y pública, poniendo a disposición de las policías locales de la región un nuevo instrumento que será muy útil en sus investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación.

Se trata de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que han suscrito el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de Registradores.

Enrique López ha asegurado que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema "que preocupa muchísimo a la ciudadanía", como es el fenómeno de la okupación. Además, ha reiterado que "la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario".

Según el convenio firmado entre el Ejecutivo madrileño y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, los agentes de los distintos Cuerpos de Policía

Local de la Comunidad de Madrid tendrán acceso, a través de un canal telemático, a la información sobre la titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región que sean objeto de una denuncia de allanamiento de morada, ocupación o usurpación.

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes.

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años -con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro- y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid.

Durante 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid presentó diez denuncias por ocupación ilegal de vivienda de titularidad pública, dos de ellas con el añadido de un presunto delito de tráfico de drogas, ya que se utilizan los domicilios como punto de venta y distribución.

Y ya se han abierto 21 diligencias de investigación a raíz de las denuncias presentadas por las consejerías de Justicia y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que aludían a la posible existencia de grupos criminales.