Inmodiario

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado en una providencia el incidente de nulidad promovido por el Letrado de la Comunidad de Madrid contra el auto de la misma Sala, de 29 de noviembre de 2019, que inadmitió el recurso de la Comunidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la anulación de la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, y la posterior comunicación de dicho órgano, en relación con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L, empresa controlada por el fondo estadounidense Goldman Sachs.

La resolución del Supremo rechaza los argumentos del Letrado de la Comunidad de Madrid sobre la falta de legitimación activa; es decir, que los efectos de la sentencia solo tendrían que alcanzar al recurrente y a no los miles de afectados por la enajenación.

El Alto Tribunal recuerda que dicha legitimación ya fue reconocida por el propio Supremo el 22 de noviembre de 2017 ya que las consecuencias para los inquilinos fueron "directas". Y niega la existencia de una "incongruencia omisiva del auto en relación con una cuestión procesal", como expone el letrado autonómico.

El fallo concluye que el recurso de casación de la Comunidad contiene múltiples "referencias a los terceros interesados" como el fondo Azora. "No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses", razona el Tribunal Supremo.

En otra providencia previa del 2 de marzo ante otro recurso de casación presentado por el fondo Azora Gestión S.L, la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo del Supremo también rechaza el recurso de Azora tirando de los mismos argumentos que la Sección Tercera. Aquí el Alto Tribunal impone unas costas de 1.000 euros al recurrente -Azora- y confirma que "contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

El camino que ha terminado con la anulación judicial de la enajenación de casi 3.000 viviendas fue emprendido en 2016 por un inquilino de Navalcarnero de origen magrebí, Rachid Bouikou, junto a su abogado César Pinto: ambos empezaron con mal pie cuando ese año un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó que Boikou -que había accedido a una vivienda de alquiler tras cumplir una serie de requisitos y que vio como de la noche a la mañana su casero se convertía en un fondo buitre- pudiera recurrir la venta ante la falta de "legitimación activa".

A finales del año 2017, sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció esa legitimación: sin terminar de darles la razón en sus reclamaciones, a Bouikou y a Pinto se les facultó, eso sí, para iniciar la vía judicial que ha permitido, a la postre, tumbar ahora la operación. La venta de las VPO había reportado 201 millones de euros a las arcas autonómicas y se realizó por debajo del precio de mercado, tal y como reportó la Cámara de Cuentas en un informe de 2015.