Inmodiario

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha modificado puntualmente el texto del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

En concreto, ha cambiado la definición de vivienda vacía, introducida en uno de los artículos, porque considera que podía generar dudas de interpretación y, en consecuencia, problemas de seguridad jurídica que hay que evitar en una materia tan sensible como es la de la vivienda.

De este modo, según la actual definición, la vivienda vacía es el que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años.

A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.

La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda.

También ha corregido un error que contendía la disposición adicional sexta y que hacía referencia al plazo de entrada en vigor del Decreto Ley.

La modificación viene a cubrir un vacío legal a la hora de aplicar el impuesto que Cataluña aplica a los propietarios que tienen las viviendas vacías.

La norma acredita que una vivienda está ocupada si su propietario dispone de un título, como el de arrendamiento o cualquier otro análogo, que habilita la ocupación, y se justifica documentalmente por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

El cómputo del periodo de dos años a que se ha hecho referencia anteriormente se inicia a partir de la fecha en que la vivienda está a disposición del propietario para ser ocupada o para ceder el uso a un tercero, y no hay ninguna causa que justifique la desocupación. Durante estos dos años el sujeto pasivo debe haber sido titular de la vivienda de manera continuada.

En el caso de las viviendas de nueva construcción, se entiende que hay disponibilidad para que la vivienda esté ocupada a partir de tres meses a contar de la fecha del certificado final de obra.

Es causa de interrupción del cómputo de los dos años la ocupación de la vivienda durante un periodo de, como mínimo, seis meses continuados.

A efectos de este impuesto, son causas justificadas de desocupación de una vivienda los supuestos siguientes:

a) Que la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución con respecto a su propiedad.

b) Que la vivienda se tenga que rehabilitar, de acuerdo con la definición del artículo 3. gr de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. En este caso, las obras se tienen que justificar con un informe emitido por un técnico con titulación académica y profesional que lo habilite como proyectista, director de obra o director de la ejecución de la obra en edificación residencial de viviendas, que tiene que indicar que las obras son, necesarias para que la vivienda pueda tener las condiciones mínimas de habitabilidad que exige la normativa vigente. Sólo se puede alegar esta causa en un único periodo impositivo, y se puede ampliar a un segundo ejercicio siempre que se acredite que las obras se iniciaron durante el primero.

c) Que la vivienda, previamente a la aprobación de esta ley, esté hipotecada con cláusulas contractuales que imposibiliten o hagan inviable destinarla a un uso diferente al que se había previsto inicialmente, cuando se otorgó la financiación, siempre que el sujeto pasivo y el acreedor hipotecario no formen parte del mismo grupo empresarial.

d) Que la vivienda esté ocupada ilegalmente y el propietario lo tenga documentalmente acreditado.

e) Que la vivienda forme parte de un edificio adquirido íntegramente por el sujeto pasivo en los últimos cinco años, con el fin de rehabilitarlo, y siempre que tenga una antigüedad de más de cuarenta y cinco años y contenga viviendas ocupadas que hagan inviable técnicamente iniciar las obras de rehabilitación.