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La Comunidad de Madrid ha solicitado a jueces y fiscales que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles.

Así lo han transmitido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, que se han reunido con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, Mª Jesús del Barco, para impulsar la coordinación entre la administración autonómica y la justicia madrileña en los casos de ocupación ilegal de inmuebles.

Se trata de un nuevo encuentro dentro del marco de la 'Mesa de Vivienda y la Okupación', creada por el Gobierno autonómico con la finalidad de atajar el problema de la ocupación ilegal.

Durante la reunión, los consejeros han trasladado la necesidad de buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas.

Los dos representantes del Gobierno autonómico han planteado también la necesidad de que, en las ocupaciones que afecten al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se dé facilidades a la Policía Judicial adscrita al Juez Decano de Madrid para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación de sus viviendas, como explicaba hace unos días el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Pérez insistía en que "la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los primeros compromisos del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid".

Para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas.

Igualmente la Agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas.

El servicio de seguridad dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.

Entre las novedades puestas en marcha en la presente legislatura están acuerdos de colaboración como el establecido con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que autoriza a la Policía Municipal de esta localidad a que pueda acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como a las zonas comunes, asegurando su vigilancia a cambio del estacionamiento de sus vehículos.

Desde el Gobierno regional se ha ofrecido a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías locales extender este tipo de acuerdos y seguir colaborando con otros ayuntamientos de la región contra el fenómeno de la ocupación.