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 MADRID.   La Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado su auto dictado el pasado 23 de septiembre en el que ordenó la devolución a Alberto Cortina y Alberto Alcocer de los 50 millones de euros depositados por las responsabilidades civiles derivadas del 'caso Urbanor', según el auto de 22 de diciembre al que tuvo acceso Europa Press.

   El tribunal ha desestimado íntegramente los recursos de súplica presentados por la familia del constructor Julio San Martín y el arquitecto Pedro Santieri contra el auto que les otorgaba un plazo de un mes para abonar el dinero recibido.

   Así, los minoritarios de Urbanor tendrán que devolver a los empresarios los 25 millones de euros que recibieron tras la sentencia condenatoria por estafa dictada el 14 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo, que anuló el Constitucional en febrero de 2008 por prescripción, y acogió el Alto Tribunal en sentencia del pasado 25 de junio.

   El tribunal explica en el auto que acoge la sentencia absolutoria y concluye que "les sean reintegradas las cantidades consignadas ante este tribunal en ejecución de la sentencia declarada nula y que este tribunal en ejecución de dicha resolución entregó a los ahora recurrentes".

   La Audiencia rechaza todas las alegaciones formuladas por los minoritarios y considera que 'Los Albertos' no tienen que acudir a la jurisdicción civil para recuperar el dinero, tal y como interpretan la sentencia absolutoria del Supremo los demandantes.  

   En este sentido, el tribunal también rechaza la petición de medidas cautelares solicitada por los minoritarios para paralizar el pago hasta la resolución de una demanda civil, presentada por una parte de la acusación y que actualmente se tramita por esta vía.

   El tribunal considera también que los empresarios consignaron dicha cantidad en cumplimiento de la sentencia condenatoria y que debe "reintegrarse, al haber sido declarada nula la sentencia que les habilitó para recibirla".

   La Audiencia Provincial también ratifica la cancelación del aval de 25 millones de euros pagado por los empresarios en concepto de intereses en marzo de 1998, según estableció el auto de 23 de septiembre.