Inmodiario

El Ayuntamiento de Barcelona ha notificado a Endesa cinco sanciones por valor de 350.000 euros por no haber solicitado el informe de exclusión residencial a los servicios sociales municipales antes de proceder a cortar el suministro de electricidad.

Los cinco cortes de suministro sin notificar a los servicios sociales se habían producido en hogares donde vivían personas vulnerables y se detectaron en los puntos de asesoramiento energético.

Estas sanciones están previstas en la ley catalana 24/2015, que no ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional en la parte que afecta a la pobreza energética.

"Nuestro objetivo no es sancionar, pero siempre hemos dicho que seremos muy estrictos al pedir el cumplimiento de una ley vigente, que ha sido validada por el Tribunal Constitucional, y que tiene que servir de garantía para que todo el mundo tenga acceso a unos suministros básicos independientemente de su condición económica", ha explicado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo contra el Real Decreto 897/2017 del Estado que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección de los consumidores domésticos de energía eléctrica para pedir la nulidad del bono social.

Se calcula que con la aplicación de este real decreto unos seis mil hogares quedarían desprotegidos del principio de precaución, que permite evitar los cortes de suministro hasta que se determina que existe una situación de vulnerabilidad residencial.

Según los servicios jurídicos municipales, el real decreto vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales y también es contrario a la directiva europea 2009/72 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea que regula el mercado eléctrico.

Desde que se aprobó en el Parlamento la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, se ha atendido en los diez puntos de asesoramiento energético a más 24.000 vecinos y vecinas de la ciudad y se han paralizado 4.000 cortes de suministro eléctrico.