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Rosa Aguilar, la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rectifique el plan puesto en marcha en los juzgados encargados de las cláusulas suelo, ya que considera que es perjudicial para la ciudadanía y está sobrecargando la Administración de Justicia en Andalucía.

La sobrecarga de trabajo ha llegado a tal punto, según la consejera, que en poco más de dos meses hábiles, desde la puesta en marcha del plan, el número de demandas repartidas por los ocho juzgados habilitados en Andalucía asciende a 11.318.

En una comparecencia parlamentaria, Rosa Aguilar ha recordado que septiembre es el mes fijado por el propio CGPJ para revisar el funcionamiento del plan que puso en marcha el pasado 1 de junio para especializar a 54 juzgados de Primera Instancia en España, ocho de ellos en Andalucía, en la gestión exclusiva de las demandas presentadas por la aplicación de las cláusulas suelo.

"Confiamos en que el Consejo General se dé cuenta de su error y arbitre ahora nuevos mecanismos que ofrezcan respuestas justas y rápidas a las personas afectadas por la abusiva aplicación de las cláusulas suelo de las entidades bancarias", ha añadido la consejera.

El actual plan, a juicio de Aguilar, ha demostrado su ineficacia, tal como había advertido la Junta desde su puesta en marcha, porque afecta negativamente a la ciudadanía, que ve "incrementado de manera injusta" el tiempo de espera para la resolución de sus procedimientos judiciales, colapsa los juzgados especializados por el retraso en la resolución de las demandas y sólo beneficia a las entidades financieras.

Además, según la consejera, el CGPJ no ha tenido en cuenta ni a las comunidades autónomas ni a los diferentes sectores judiciales ni a las propias organizaciones de consumidores a la hora de elaborar este plan, de forma que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por cinco jueces titulares de Primera Instancia de Andalucía, el Consejo General de la Abogacía Español y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aparte de originar inquietud por su desarrollo en la propia institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

"Queda clara la oposición a este plan de todos los colectivos implicados, que coinciden con la Junta en que se trata de una decisión que no es adecuada para ofrecer una respuesta ágil y rápida a las personas afectadas por las cláusulas suelo", ha declarado la titular de Justicia e Interior.

Aguilar ha subrayado que, pese a su desacuerdo con el plan del CGPJ, la Junta de Andalucía ha actuado con responsabilidad con la asignación de 44 funcionarios de refuerzo en los ocho órganos judiciales especializados en cláusulas suelo en esta comunidad, 23 de los cuales ya están incorporados.

La consejera ha anunciado que, a lo largo del mes de septiembre, se incorporarán otros ocho funcionarios de refuerzo y otros 13 en el próximo octubre, tal como se había acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Asimismo, la Consejería de Justicia e Interior ha llevado a cabo una serie de adaptaciones del sistema informático para que los órganos judiciales puedan trabajar conforme al nuevo modelo.