Inmodiario

Ya no hay marcha atrás para Reyal Urbis. Entra en liquidación tras 4 años y medio de idas y venidas en un proceso concursal judicializado por la empresa presidida por Rafael Santamaría para evitar lo inevitable.

El pasado 4 de septiembre, el juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid notificaba a la empresa el auto que dispone la apertura de la fase de liquidación de Reyal Urbis, la suspensión durante la fase de liquidación de los administradores sociales en las facultades de administración y disposición, que serán íntegramente asumidas por los Administradores Concursales, procediendo al cese y sustitución de aquellos, la declaración de disolución de la sociedad y del vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquéllos consistentes en otras prestaciones.

También ordena el auto la publicación de edictos de la apertura de la fase de liquidación que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado, así como la publicación en el Registro Público Concursal, e inscribir en el Registro Mercantil la declaración de apertura de la fase de liquidación.

Francisco Javier Vaquer Martín, magistrado titular del juzgado Mercantil 6 de Madrid, vuelve este miércoles a ser protagonista del concurso de la inmobiliaria Reyal Urbis. Hasta su despacho llegarán los votos de los 700 acreedores que decidirán si la promotora presidida por Rafael Santamaría supera la quiebra o entra en liquidación, cuatro años después de acogerse al concurso.

En su auto del pasado 30 de marzo, el juez Francisco Javier Vaquer Martín dejaba claro a la inmobiliaria madrileña que ya no habría más agarraderos jurídicos a los que asirse. Y que lo que saliera de la votación del pasado 30 de mayo es lo que se asumiría por todos. Si el convenio hubiera salido adelante, el concurso de acreedores se daría por superado y quedarí pendiente de que el plan de viabilidad se cumpla en el futuro. Si no, la fase de liquidación se abrirá paso sin remisión para proceder a vender los activos al mejor postor. Y salió que no.

La Sareb, los bancos extranjeros y los fondos ya habían decidido que no apoyarían el convenio, sobre todo el banco malo, presidido por Jaime Echegoyen, principal acreedor de Reyal Urbis, con una deuda de 1.100 millones, que la promotora contabiliza en su balance como 'otros pasivos financieros'. Con la negativa de la Sareb se hacía inviable llegar al consenso del 75% necesario entre los acreedores de deuda sindicada por 3.572 millones de euros.

No obstante, caso de que Sareb hubiera optado por la adhesión, tampoco estaba claro que el convenio hubiera salido adelante. A lo largo de estos cuatro años, la mayoría de los bancos extranjeros y algún español de pequeño tamaño, como la Banca March, decidieron salir de este crédito sindicado, vendiendo la deuda a fondos oportunistas. Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS) fueron los primeros en desprenderse en 2013 -antes y después de la entrada en concurso- de unos 750 millones.

En el caso de Barclays, el comprador inicial de sus 450 millones de deuda fue el fondo Appaloosa. La adquirió con un rebaja del 60% y, ahora, la ha traspasado a otros fondos -entre ellos Värde, el socio del Banco Popular en la gestora Aliseda- con un descuento adicional, ganando en el traspaso entre 50 y 150 millones de euros.