Inmodiario

Multas de hasta 1,2 millones de particulares y de 12.000 para los Ayuntamientos aparecen en el nuevo reglamento de la Ley de Costas, que, si el proceso de alegaciones tras la fase de información pública no se alarga en exceso, podría ver la luz a lo largo del próximo verano.

También permite evitar el conocido ‘efecto 2018’, por el que no solo se evitarán demoliciones masivas de viviendas e industrias construidas de forma irregular a lo largo de la costa, sino que, además, los titulares de estos inmuebles tendrán hasta ese año para ampliar sus concesiones hasta 75 años, o que, por ejemplo, los chiringuitos playeros puedan duplicar su espacio hasta un máximo de 300 metros cuadrados, o que propietarios de viviendas que ocupan la zona adyacente al dominio público puedan hacer obras de reforma presentando una declaración en la que se hagan responsables de posibles daños.

La nueva ley de Costas deja bien claro que no hay cabida para nuevas construcciones en lugares donde está prohibido edificar como la zona de dominio público marítimo terrestre, donde se cuentan casi 13.800 viviendas, y en la zona adyacente de servidumbre de protección, con cerca de 127.000 viviendas registradas. En esta última franja, sin embargo, sí se va a permitir que se hagan obras de reforma con la condición de que no aumenten volumen, superficie o altura.

La fórmula de calcular sanciones graves, como aquellas que recibirán quienes se vayan de la mano con el ladrillo en dominio público, no varía. Se enfrentan a multas de hasta el 50% del valor de las instalaciones. El control, en todo caso, queda en manos de las autonomías.

Hasta ahora han sido unos 300 núcleos de población distribuidos por un centenar de municipios los que han solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que las casas que ocupan la franja de servidumbre puedan realizar obras de mejora. El plazo para presentar solicitudes terminó el pasado noviembre, pero como el Reglamento continúa en trámite, se pueden seguir recibiendo solicitudes hasta que se cumplan dos años de la aprobación de la nueva Ley de Costas.

El nuevo texto legal también establece una división entre playas urbanas y naturales, que antes no existía, y que tienen que fijar las comunidades autónomas. En función de esta partición se podrán autorizar los distintos servicios. En el caso de las playas naturales, los chiringuitos deben ser desmontables y estarán más restringidos que en los tramos urbanos.