Inmodiario

Madrid. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha inaugurado en CaixaForum la tercera edición de las Jornadas sobre Arbitraje Inmobiliario, donde anunció que la Comunidad de Madrid ha ampliado esta fórmula de mediación a todos los contratos de alquiler de la región, y no sólo a los del Plan Alquila.

Con esta nueva medida el Gobierno autonómico no sólo continúa con su política de fomento del alquiler, sino que al mismo tiempo contribuye a descongestionar la justicia, pues gracias a la ampliación de su Consejo Arbitral para el Alquiler a todo tipo de contratos, se estima que se evitará que un 20% de los casos de litigiosidad acaben como hasta ahora en los tribunales y se resuelvan por la vía del arbitraje.

“Los excelentes resultados que ha venido cosechando la fórmula del arbitraje en el ámbito inmobiliario, han propiciado que este sistema de intermediación extrajudicial se pueda ampliar a todos los contratos de arrendamiento suscritos entre particulares, al margen de los programas públicos”, indicó Mariño.

La Comunidad de Madrid cuenta desde mayo del 2009 con un pionero Consejo Arbitral para el Alquiler encargado de resolver los conflictos surgidos en los contratos del Plan Alquila entre inquilinos y caseros, una iniciativa que minimiza riesgos y posibles conflictos que pueden surgir durante el alquiler. No existe un órgano administrativo similar en ninguna administración pública española en la actualidad.

Hasta el momento estos arbitrajes eran de contratos del Plan Alquila, y contratos de otros programas públicos de alquiler de viviendas que se han incorporado posteriormente. Como novedad, el pasado marzo el Gobierno regional decidió ampliar su ámbito de actuación a todos los contratos de arrendamiento entre particulares que incluyan el sometimiento al arbitraje articulado por el Consejo, al margen de los programas públicos.

A partir de ahora, “cualquier madrileño que así lo desee podrá incluir la cláusula arbitral en sus contratos de arrendamiento y favorecerse de sus ventajas”, explicó la consejera. Gracias a la ampliación del ámbito del Consejo Arbitral se calcula que la Comunidad multiplicará mínimo por 10 los arbitrajes atendidos. El año 2010 se cerró con más de 3.000 sentencias relativas a contratos de arrendamiento, y en el 2011 se estima una cifra de causas judiciales cercana a 5.000.

Gracias a la mediación de la Comunidad de Madrid, la litigiosidad en el alquiler de los contratos del Plan Alquila se reduce al 0,4%, cuando en el resto del mercado de alquiler en general, la litigiosidad, morosidad y demás conflictos se encuentra entre el 2,5% y el 3,5%.

“Esta fórmula de resolución de conflictos en el ámbito inmobiliario –prosiguió Mariño- se ha ido consolidando en la Comunidad de Madrid. El grado de satisfacción que manifiestan inquilinos y propietarios y sus buenos resultados han propiciado que el arbitraje, de ser un sistema residual y extraordinario, se esté convirtiendo en una práctica habitual”. Madrid es la región que más acude a este sistema, y hoy en la Comunidad uno de cada cuatro alquileres se somete al arbitraje.

“Los datos demuestran que, a través de la mediación del árbitro, se pueden obtener los mismos resultados que en la jurisdicción ordinaria, de una forma extrajudicial y, en la mayoría de los casos, de manera amigable, sin requerir un laudo”. Además, también se gana en tiempo y en dinero, pues frente a la espera de seis meses, que es el periodo habitual para dictar una sentencia judicial en esta materia, la duración de los laudos, desde la presentación de la solicitud hasta su dictamen, no pasa de 40 días.

El arbitraje supone también un importante ahorro económico, que puede llegar a ser del 80% del coste del proceso, porque basta con el gasto de una mensualidad del alquiler y las partes no necesitan proveer fondos para un abogado o un procurador que los represente.

“En la región, la cifra del parque de vivienda alquilado supera en la actualidad el 20%, cinco puntos por encima de la media nacional”, dijo. “El fomento del alquiler sigue siendo una de las prioridades de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid, pero no a cualquier precio, sino con seguridad entre las partes, flexibilidad en la contratación y facilidad en la solución de conflictos”, concluyó Mariño.