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Más de 1,5 millones de hogares en España, según datos de empresas del sector instalador, están a la espera de que el nuevo Gobierno regule, a través de un Real Decreto, el uso de la calefacción central en edificios residenciales y, por consiguiente, a la contabilización de consumos individuales por medio de contadores de energía o repartidores de costes.

"La aprobación de este Real Decreto, previsto para abril de 2019, permitiría a los vecinos pagar en función de su consumo individual en comunidades de propietarios que todavía cuentan con sistemas de calefacción central", explica Inmaculada Peiró, directora General de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia). "Es además una exigencia que viene de Europa en cumplimiento de la Directiva en materia de eficiencia energética, por lo que su regulación en nuestro país, que debería haberse completado en diciembre de 2016, evitaría millones de toneladas de C02 a la atmósfera", concreta.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto, según el Real Decreto, que la aplicación de esta medida en bloques residenciales se haga de manera gradual, en relación al número de viviendas existente por edificio y su ubicación en las distintas zonas climáticas, quedando exentas para las áreas que corresponden con el Levante, Baleares y Canarias.

Asimismo, Agremia considera fundamental incluir en el Real Decreto pendiente de publicación la obligación de instalar válvulas con cabezal termostático, "ya que es este elemento el que incide directamente en la demanda real de calefacción, puesto que cierra o abre el paso de agua caliente al radiador según la temperatura que establezca el vecino para habitación".

Peiró recuerda que el pasado año la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la medición individual de consumos en edificios con calefacción central.