Inmodiario

Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y los responsables de su equipo económico, ya saben lo que hay. De los 200 millones de euros que pretendían ingresar por su Plan de Optimización del Patrimonio Inmobiliario que se vayan olvidando. Interés hay, y lo han podido comprobar en los últimos meses, pero no al precio que el Ejecutivo autónomo madrileño pretende obtener.

De momento, son tres los procesos de enajenación abiertos. Y el primero de ellos, acaba de ser declarado desierto. Nadie estaba dispuesto a pagar los 32,5 millones de euros que valían los once inmuebles subastados. Ahora, en marzo, saldrán a subasta por segunda vez, con un 15% de descuento, y, si vuelve a quedar desierta, iríamos a una tercera, con otra rebaja adicional del 15%.

En definitiva, que de los 32,5 millones nada de nada, que si llegan a 23 millones miel sobre hojuelas. Extrapolando las rebajas, obtener 140 millones de aquellos 200 millones previstos el pasado verano sería todo un éxito en las circunstancias actuales.

Además, para que esos supuestos inversores anglosajones, asiáticos y latinoamericanos –los principales interesados en adquirir estas propiedades, según el director general de Política Financiera y Patrimonio, José Luis Moreno, supervisor de estas enajenaciones– tengan un aliciente más para comprar, la fianza a depositar por la adquisición de cada inmueble se reducirá del 25% al 5% del valor de tasación.

En realidad, que la Comunidad de Madrid ofrezca esos precios en primera instancia no pasa de ser un mero paripé para ver si cuela en algún caso. Hasta ellos mismos reconocen las dificultades para comprar, sabiendo que, de no hacerlo, se aplicarán descuentos sustanciosos después. Hasta el propio Moreno Casas lo ha explicado. “Lo normal es que los inversores no apuesten en la primera ronda, sino que lo hagan en la segunda para aprovechar los descuentos, o incluso en una tercera”.

Y si esto ha pasado con la primera de estos subastas, es de esperar que la situación se repita con los otros dos procesos todavía abiertos. Tanto el del edificio situado en pleno barrio de Salamanca, en la calle del General Díaz Porlier, 35, en Madrid, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 18 de enero, y por el que la empresa pública Arproma pedía un mínimo de 17,2 millones de euros, como en esos otros nueve inmuebles –cinco en Madrid, dos en Getafe, uno en Cercedilla y uno en Arganda del Rey–, valorados en 4,6 millones de euros, y por los que los interesados tienen de plazo hasta el 22 de marzo para presentar las ofertas.