InmodiarioLAS MEDIDAS DEL GOBIERNO FRENTE A LA CRISIS INMOBILIARIA: (Sol de invierno.)

La comparencia del Señor Presidente de Gobierno en el Congreso de los diputados para explicar a los ciudadanos cuales iban a ser las medidas a tomar para paliar la crisis económica (What crisis?) que vivimos en la actualidad, como sol tibio, templado y suave serán para el frío invierno que se avecina.

El sector que permaneció durante muchos meses del verano escuchando del Gobierno el eslogan que debía autorregularse, que había llegado la etapa de madurez del sector, ahora se cree que las medidas son insuficientes, no solo desde el privilegiado G-14, sino desde el pequeño promotor familiar bloqueado porque han disminuido las ventas, el promotor mediano cargado de estructura, a la constructora que venía desarrollando proyectos y que es el primer eslabón de la cadena de impagados que arrastra a tasas de morosidad hasta ahora olvidadas para la mayoría de los empresarios y bancos.

Sin ánimo de ser exhaustivo, se comentan a continuación las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis en el sector inmobiliario:

1.- Ampliación del plazo amortización de las hipotecas. Después de la tormenta bursátil de Wall Street de finales de verano y la espera de la solución a la crisis de liquidez actual de los bancos, no parece que sea el momento oportuno dada la coyuntura económica internacional y más teniendo en cuenta el criterio del Banco de España de restringir el crédito tanto a particulares como a empresas.

2.- Regulación de la figura jurídica del alquiler con opción a compra, ya desarrollada para la vivienda protegida y utilizada por muchos promotores. Esta medida supondrá el alivio de la carga financiera de muchas familias y les supone cierto margen de maniobra para acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda sin que esto les suponga un sobreendeudamiento. Para ello, es necesario fomentar la profesionalización de las promotoras dedicadas hasta ahora a comercializar viviendas a través de formación, para gestionar un gran volumen de viviendas en alquiler, asignar mejor los recursos de las mismas mejorando la eficiencia económica para cubrir una demanda social importantísima y prioritaria para el Gobierno como es la de la vivienda en alquiler.

3.- Íntimamente ligado con la anterior, el Gobierno pretende fomentar la cesión de suelos públicos en derecho de superficie para la edificación de viviendas destinadas al alquiler. Es una medida necesaria dada la coyuntura actual del mercado inmobiliario, pero es insuficiente para aligerar el exceso de oferta existente en el mercado debido a la escasa demanda que de este tipo de viviendas hay en el sector. Seguramente y debido al cierre del grifo de financiación bancaria, irá “in crescendo” la demanda de este tipo de vivienda. Esto puede ser aviso para navegantes para los nuevos planificadores urbanísticos, es decir, los Ayuntamientos, que tienen que empezar a disponer de esta tipología de viviendas en sus Planes Generales de Ordenación.

4.- Necesidad de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al juicio de desahucio. Reforma legislativa con cierto olor a naftalina, puesto que lleva en el armario algún tiempo. Se pretende abaratar los trámites para desahuciar al inquilino moroso evitando con esto prácticas fraudulentas que se han convertido desgraciadamente en habituales. Una vez constatado el fracaso de los mal llamados “juicios rápidos en los desahucios por falta de pago”, debido a la lentitud en el lanzamiento del inquilino moroso, que puede llegar a disfrutar de hasta un año sin pagar hasta el lanzamiento, se antoja necesario dotar de más competencias y recursos a las Oficinas de Señalamiento Inmediato de reciente creación otorgando así contenido real y verdaderamente ejecutivo a las Oficinas Judiciales reguladas mediante LO 19/2003 de 23 de diciembre, de lo contrario seguirá existiendo una falta de garantías para cualquier propietario y de manera particular para aquellos promotores que tengan la intención de ser gestores de un gran parque de viviendas en alquiler.



Miguel Ángel García Rosado
Abogado Urbanista.