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Editor de InmoDiario.

MADRID.   El Gobierno defiende que el incremento de las comisiones bancarias se produce en el marco de la "libertad contractual" entre las entidades financieras y sus clientes con "plena sujeción" a los mecanismos vigentes de protección de la clientela, sin perjuicio de que los "ocasionales incumplimientos" sean "oportunamente perseguidos y sancionados".

   Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de ICV, Joan Herrera, a la que tuvo acceso Europa Press. El parlamentario ecosocialista denunciaba el "encarecimiento" uso de las tarjetas de débito y de crédito y exige garantías para evitar "incrementos desmesurados" en las comisiones bancarias.

   En este sentido, el Gobierno recuerda que el Banco de España exige a las entidades que el cobro de las comisiones responda a la existencia de un "servicio efectivo" al cliente que haya sido "solicitado en firme o aceptado" por éste, y que el importe no exceda del máximo que la entidad tenga fijado en su folleto de tarifas comunicado al organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

   Así, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España estima que, en el caso de las comisiones de mantenimientos y administración de cuentas, se presta un servicio que "legitima" a las entidades para cobrar comisiones por estos conceptos y, por lo tanto, han de considerarse aceptadas por el cliente mientras subsista el contrato.

  En cualquier caso, el Gobierno precisa que el cobro de comisiones por servicios que venían prestándose de forma gratuita, debe notificarse de "forma previa" a los interesados, al igual que las modificaciones en los pagos derivados por el uso de tarjetas de crédito.

FORTALEZA DE LA DEFENSA AL CLIENTE

   Por último, el Ejecutivo recalca la efectividad del sistema español de defensa del cliente de servicios financieros, articulado en torno a los departamentos de atención al cliente de las entidades y al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

   Además, la ley permite el recurso a las instancias judiciales competentes, ante las sospechas de posible contravención de la normativa de consumo o de las buenas prácticas y usos financieros.

  

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