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MADRID, 3 Nov.    El director de la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación), Carlos Trías, solicitó hoy a las entidades financieras que "estén al servicio del plan" de moratoria de dos años en el pago de las hipotecas, anunciada hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que "contribuyan como responsables de parte del problema".

   "Las entidades deben estar al servicio del plan y contribuir como responsables de parte del problema, dada su política irresponsable de concesión de créditos y sobrevaloración de activos", explicó Trías.

   El responsable de Asgeco advirtió de que el Instituto Oficial de Crédito (ICO), que garantizará el pago de la otra mitad de la cuota hipotecaria, gestiona los créditos a través de los bancos, y éstos "no son facilitadores, porque muchas veces ponen condiciones que no figuran en lo concretado por el Gobierno".

   Trías calificó la medida de "muy positiva", sin embargo recordó que "todo el esfuerzo financiero lo aporta el Gobierno, con lo cual, en definitiva van a ser los contribuyentes quienes van a satisfacer estos importes".

   Por último, el director de Asgeco consideró que el Gobierno "se ha quedado corto" con el límite para recibir la ayuda, establecido para las hipotecas inferiores a 170.000 euros y con 500 euros de cuota máxima. "Esta cifra no es un buen indicador de la media, porque los precios varían mucho entre las zonas rurales y urbanas", explicó.

   "Hay muchas familias que deberían recurrir a la ayuda y no van a poder por este límite, habría que establecer un límite mayor o discriminación por zonas", concluyó.

   El Gobierno concederá una moratoria de 2 años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2009, según anunció Rodríguez Zapatero.

   La medida puede beneficiar a unas 500.000 familias y el Estado garantizará, a través del ICO, el pago de la otra mitad de la cuota hipotecaria, que deberán satisfacer los beneficiarios a partir del 1 de enero de 2011, con un prorrateo máximo de 10 años.