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MADRID, 3 Nov.    La organización de consumidores Facua indicó hoy que la medida que permitirá una moratoria de dos años en al pago de las hipotecas a los parados resultará "positiva" para muchos consumidores, pero tiene "demasiadas limitaciones".

  A su juicio, además de los parados hay más perfiles de usuarios en situaciones económicas especialmente problemáticas, como aquellos que han sufrido recortes en sus ingresos con posterioridad a la firma de sus hipotecas o el conjunto de hipotecados, que han experimentado subidas en las cuotas mensuales de sus hipotecas, de las que nadie les alertó cuando firmaron sus préstamos.

   Facua también señala que el tope de 170.000 euros al importe total de las hipotecas puede resultar demasiado bajo teniendo en cuenta el precio de la vivienda en muchas ciudades, y recuerda que la cifra está incluso por debajo del importe medio de las hipotecas suscritas en cuatro comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de agosto: Islas Baleares (206.165 euros), País Vasco (204.538 euros), Madrid (190.118) y Cataluña (170.584).

   En cuanto al pago de las cantidades paralizadas durante los dos años, Facua cree que el prorrateo de 10 años que fijará el Gobierno podría haberse ampliado a la totalidad de la vida del préstamo, ya que los usuarios que dejen de abonar 500 euros durante 24 meses se encontrarán con una subida de hasta 100 euros mensuales en sus hipotecas en enero de 2011.

   Asimismo, criticó que el Estado garantice a la banca el pago de las cantidades aplazadas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el dinero de todos los contribuyentes.

   La asociación considera que el Gobierno debería haber endurecido las condiciones regulatorias al sector financiero, que debe asumir su corresponsabilidad en la especulación y el sobreendeudamiento de los consumidores.

   A su juicio, la banca ha sido partícipe y beneficiaria de la especulación en la vivienda, además de haber promovido el sobreendeudamiento de los consumidores concediendo hipotecas sin advertirles del encarecimiento de sus cuotas que producirían las posibles subidas del Euríbor.