El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado por primera vez cláusulas de lucha contra la pobreza energética y ambientales en los pliegues de licitación del nuevo contrato de suministro eléctrico. Los derechos energéticos son un espacio central y estratégico en las políticas públicas de la ciudad.
El objetivo del nuevo contrato es corresponsabilizar a las empresas y garantizar el cumplimiento de la Ley 24/2015, aprobada por el Parlamento de Cataluña.Este contrato será el último antes de que se ponga en funcionamiento la comercializadora de energía municipal.
Es el último contrato que el Ayuntamiento licita antes de que entre en funcionamiento la comercializadora de energía eléctrica pública, en el año 2019. El objetivo es alcanzar la soberanía eléctrica y gestionar de forma integrada la generación eléctrica de fuentes renovables, tanto públicas como privadas, y comercializar los excedentes de consumo en los hogares y los entes municipales.
El nuevo contrato conllevará la firma de un convenio con la empresa concesionaria del concurso con el fin de responder a las necesidades derivadas de esta problemática, e implicará a la suministradora en la lucha contra la pobreza energética, que actualmente afecta a un 10 % de la población de la ciudad.
Las obligaciones que recoge este convenio son firmar un acuerdo o convenio con el Ayuntamiento de Barcelona con arreglo a lo que establece el artículo 6.3 de la Ley 24/2015, de Medidas Urgentes para Afrontar la Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética.
También pretende presentar un plan de actuación anual para adaptar la potencia y la tarifa contratada y facilitar el acceso al bono social o a otras tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a personas y familias con riesgo de sufrir un corte eléctrico y en situación de riesgo de exclusión social.
Además, antes de cortar el suministro eléctrico, la suministradora tiene que solicitar a los servicios sociales municipales un informe para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial.
En otras disposiciones del contrato se recoge el deber de informar de los derechos relativos a la pobreza energética (Ley 24/2015) en cualquier aviso relativo a facturas impagadas, así como habilitar mecanismos de información sobre tarifas sociales y otras ayudas y medidas previstas para hacer frente a la pobreza energética.
La empresa adjudicataria del primero de los tres lotes tendrá que realizar cada año cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética para clientes de la suministradora: 15 ciclos formativos de 20 horas, para 50 personas cada uno.
El presupuesto de licitación de este nuevo contrato es de 65,26 millones de euros, la suma de los tres lotes en los que se divide el contrato. El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha explicado que esta división se ha realizado con el fin de favorecer la pluralidad de las empresas que opten a adjudicarse el servicio.
«Estas nuevas cláusulas son el compromiso del Ayuntamiento con la legalidad catalana, y lo hacemos extensivo a las compañías eléctricas y a las demandas de pobreza energética», ha manifestado el concejal.
