El área de Urbanismo ha advertido a Remar sobre la posibilidad de impulsar los trámites de caducidad de la licencia para construir un centro sociolaboral en Rosales del Canal, y en tal caso, revocar el derecho de superficie que se estableció en favor de esa asociación.
Con este fin, se han entregado en mano, esta misma mañana, dos requerimientos de los servicios de Suelo y de Licencias en los que se da trámite de audiencia a los responsables de Remar para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, aporten toda la documentación que se les requiere a fin de averiguar el estado real de las obras.
La decisión de Urbanismo se ha producido una vez que Remar ha desatendido los requerimientos verbales en orden a conocer la situación real del inmueble. De hecho, el consistorio, en las últimas semanas, ha tratado de manera infructuosa de mantener una reunión con los representantes de Remar para que se aclarasen determinados extremos que tienen que ver con las obras de construcción de un centro sociolaboral en Rosales del Canal y que apuntan, según lo recogido en los medios de comunicación, a una paralización de los trabajos.
Un cese de actividad de las obras que el Ayuntamiento ha confirmado tras citar a la empresa constructora, Coebro, quien corroboró su situación de concurso de acreedores y la interrupción de los trabajos desde el comienzo del mes de marzo.
El silencio de Remar y lo que se considera una obstaculización real para el correcto control de la obra, anulando la fluidez en la comunicación que debe presidir este tipo de relaciones, ha llevado a Urbanismo a requerir a Remar, de manera inmediata y por procedimiento administrativo, para que aporte toda la documentación necesaria que dé garantías sobre el desarrollo de la obra o que permita al Ayuntamiento poner en marcha las medidas para las que le faculta la ley por el incumplimiento de las condiciones pactadas y que pasan por la caducidad de la licencia y la reversión del suelo al consistorio.
De hecho, la condición séptima de la licencia al proyecto de ejecución establece que una vez iniciadas las obras, el plazo máximo de interrupción de los trabajos por causas imputables al titular será de seis meses, incurriendo a partir de ese momento en el supuesto de caducidad de licencia y, en consecuencia, a la reversión del derecho de superficie del suelo al Ayuntamiento de Zaragoza.
