Un decreto del Gobierno de Aragón ha resuelto definitivamente una situación que había paralizado el desarrollo de parques eólicos en la región durante casi un lustro. La norma incluye medidas para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
Así, el ejecutivo autónomo tramitará cualesquiera proyectos de parques eólicos que se presenten y autorizará, todos aquellos que -no generando afección eólica a proyectos anteriores- obtengan permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de sus respectivos operadores, ya sea Red Eléctrica de España o cualquier otro.
De esta manera, con la aprobación de este decreto se proporciona un marco jurídicamente seguro para unas inversiones que, según datos del sector, suponen un millón de euros por megavatio instalado. En definitiva, alrededor de 2.000 millones de euros en todo Aragón.
El impulso a la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables como la eólica constituye un objetivo fundamental del Gobierno de Aragón. Dado que se trata de un sector estratégico, resulta indispensable afrontar la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se había instaurado como consecuencia de las más de treinta sentencias judiciales dictadas en relación con el Decreto 14/2010, de 22 de junio.
En el año 2010 la subasta eólica en Aragón era de 1.206 megavatios. Sin embargo, desde 2011, solo hay una instalación de 13,96 MW. El aprovechamiento fue del 1,16%, prácticamente nulo.
Los proyectos que soliciten su tramitación administrativa verán protegida su ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años. No habrá más límites que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de distribución y transporte.
Junto con este decreto, que según el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, supone un gran avance al desatascar una situación que impedía el desarrollo del sector, el Consejo de Gobierno abre una nueva etapa política con la esperanza de aprobar los siguientes presupuestos y seguir aplicando medidas educativas, sociales y económicas dirigidas a combinar el impulso del crecimiento económico con la protección de los trabajadores, con especial incidencia en aquellos colectivos más vulnerables y que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica.
