El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha remitido a los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, en la Comisión de Economía y Competitividad, las propuestas elaboradas para paliar el grave problema de la morosidad de las entidades financieras, con el objetivo de que las mismas puedan ser debatidas y tomadas en consideración en la reunión que mantendrán el próximo día 22 de mayo.
La Comisión de Economía y Competitividad debatirá, en esta reunión, una Proposición no de Ley presentada por CIU solicitando al Gobierno las modificaciones normativas necesarias para garantizar el pago de las deudas existentes en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidas a la normativa de la propiedad horizontal.
En su Proposición no de Ley, el Grupo Parlamentario CIU fundamenta su petición, y así lo menciona en su propuesta, en los datos ofrecidos por los administradores de fincas colegiados, exponiendo, textualmente, que “según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas a 31 de diciembre de 2012 la morosidad total de las entidades financieras ascendía a 1.606 millones de euros, siendo Andalucía, 294 millones de euros, Catalunya, 256 millones de euros y Madrid, 222 millones de euros las CC.AA. más afectadas. Asimismo se recuerda que la deuda de las entidades de crédito con las comunidades de propietarios representa el 16% del total de la deuda. El 37% corresponde a las Promotoras y el 47% a particulares”.
Igualmente, y referida a la morosidad en Cataluña, CIU toma en consideración los datos ofrecidos por el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida, que “indican que el 82% de las reclamaciones que se realizan en las comunidades de propietarios están relacionadas con problemas de morosidad. La litigiosidad en materia de propiedad horizontal va cada vez en aumento y se informa que hemos pasado, a nivel estatal, de los 394.000 juicios monitorios del año 2007 a los 850.000 del año 2010”.
Los administradores de fincas colegiados proponen modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que el adquirente de cualquier título de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, responda con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputable a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los cinco años naturales inmediatamente anteriores.
Si estas propuestas fueran aceptadas por la Comisión de Economía y Competitividad, se incrementarían las garantías a favor de las Comunidades de Propietarios, aumentando la posibilidad del cobro de las cantidades adeudadas y logrando, con ello, que la importante labor de mantenimiento de los edificios no se paralizara por causa de las deudas de las entidades financieras. Igualmente, todo ello tendría un impacto favorable en el necesario desarrollo de la actividad económica del país, y contribuiría a que se dilataran los plazos para la presentación de demandas de reclamación, contribuyendo a la necesaria descongestión de la Administración de Justicia en España.
