Madrid. En la comparecencia que tuvo lugar ayer, el presidente de Oficemen, Joaquín Estrada, explicó las enmiendas que la patronal ha presentado al Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados al tiempo que expuso los diferentes estudios y dictámenes jurídicos que avalan su posición como los realizados por Garrigues y Gómez Acebo&Pombo. Así, en palabras de Estrada, “este Proyecto de Ley no aporta un marco jurídico estable para el impulso de una industria privada de gestión de residuos cuyo objetivo debería ser la transformación de los residuos mediante operaciones de reciclado o valorización en recursos materiales y energéticos”.
Entre las 11 enmiendas presentadas, Oficemen apuesta por convertir los residuos en recursos y propone crear instrumentos que penalicen más claramente la eliminación de residuos valorizables, como por ejemplo, establecer un canon para los residuos que vayan a vertederos, como ya hacen otros países de la Unión Europea con fines disuasorios. Así, tal y como se recoge en el último estudio de Eurostat (Oficina estadística Europea) existe una gran diferencia entre las políticas de gestión de residuos de países como Alemania, que no lleva ningún residuo municipal a vertedero y España, que lleva el 52% de estos residuos al vertedero. Limitar el uso de los vertederos supondría elevar notablemente los porcentajes de reciclado y aprovechar después la energía contenida en los residuos mediante su valorización energética. De esta manera transformamos un problema ambiental en una opción de ahorro de energía al sustituir combustibles fósiles como el petróleo, por combustibles derivados de residuos.
Por otro lado, Oficemen denuncia que el Proyecto de Ley limita el traslado de residuos por el territorio español, lo que interfiere con lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva Marco de Residuos. En dicho artículo se estipula que se ha de establecer el principio de autosuficiencia y proximidad a nivel estatal e intracomunitario, evitando su delimitación a nivel autonómico, ya que es el único modo de garantizar un mercado suficientemente amplio que permita como mínimo la valorización de residuos, con criterios de viabilidad técnica, económica y medioambiental. En opinión de Joaquín Estrada, “la valorización de residuos debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de libre mercado. Limitar la gestión de los residuos a empresas ubicadas en un determinado territorio va en contra de la normativa comunitaria y nacional de competencia según se deduce del Informe que la Comisión Nacional de Competencia ha realizado sobre esta futura Ley, al tiempo que genera ineficiencias económicas”. Sobre este aspecto añade que “no tiene sentido que puedan venir residuos de otros países de la UE pero que no se permita el traslado entre comunidades autónomas”.
En este contexto, Oficemen propone que el Proyecto de Ley incluya el aprovechamiento de instalaciones ya existentes para la valorización de residuos, minimizando así los efectos ambientales negativos asociados al envío de residuos en vertederos por los gases de efecto invernadero que emiten. De las 36 fábricas integrales de cemento que operan actualmente en España, 29 de ellas están ya autorizadas para llevar a cabo co-incineración de distintas tipologías de residuos, con lo que se puede desarrollar una correcta valorización de residuos sin necesidad de invertir en la construcción de nuevas instalaciones. Así, la distribución de las cementeras en la mayoría de las Comunidades Autónomas, permite ajustarse a los principios señalados por la Unión Europea sobre proximidad y autosuficiencia en la gestión de los residuos, minimizando el transporte de los mismos desde su lugar de origen a su lugar de gestión final.
