Fomento prepara un plan para acortar los plazos de construcción de infraestructuras

MADRID.  El Ministerio de Fomento prepara un plan para recortar el plazo que transcurre desde que se decide construir una infraestructura hasta que se pone en servicio, que actualmente asciende a doce años, informó hoy la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

    Fomento cuenta con cuatro grupos de trabajo que desde junio de 2009 analizan el margen con que se cuenta para «acortar los plazos y reducir la burocracia» en la planificación y ejecución de proyectos.

    Según indicó, se espera que el próximo mes de febrero estos grupos presenten unas «conclusiones preliminares». «A partir de ahí, abordaremos un plan para ver cómo podemos acortar esos plazos», indicó la alto cargo del Ministerio en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, pese a reconocer que la reducción de plazos «puede que no sea muy significativa».

    Además, el proceso que conlleva la planificación, diseño, estudio ambiental, licitación, contratación, ejecución y puesta en marcha de una infraestructura en España está en línea con el de otros países de la UE, según los datos expuestos por Rodríguez-Piñero a partir de un estudio comparativo. Así, en Francia, este periodo oscila entre los once y catorce años, y en Alemania es incluso superior a trece.

    «Es verdad que hay que planificar, diseñar, hacer un estudio ambiental…se trata de un proceso dilatado, pero seguro que hay margen para acortar plazos y reducir burocracia», confío la secretaria general de Infraestructuras.

    El plan de Fomento para reducir plazos coincidirá con la apuesta que el Gobierno, en general, y este Ministerio están realizando para que la inversión en infraestructuras contribuya a superar la crisis, y con la puesta en marcha de un plan de infraestructuras extraordinario por parte del departamento que dirige José Blanco.

    «La inversión en infraestructuras es un elemento clave para la recuperación económica porque produce dos efectos inducidos  fundamentales: reduce costes de transporte y mejora la competitividad, y contribuye a un desarrollo más sostenible», explicó Rodríguez-Piñero.

 

 

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