Madrid. Con la vista puesta en ayudar a las familias con menor poder adquisitivo a acceder a una vivienda, el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado, tras la reunión de la Mesa de Seguimiento Financiero del  Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que se va a prorrogar por un periodo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2011, la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO-Cobertura de vivienda protegida). por un año, hasta el 31 de diciembre de 2011, con la que el Ministerio comparte el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de vivienda protegida.

En esa mesa de seguimiento financiero del Plan se certificó que el volumen de préstamos concedidos por las entidades de crédito colaboradoras para la financiación del mismo había crecido un 28,4% hasta el 31 de octubre de este año. Por entidades financieras, los bancos han incrementado su aportación en un 31,07%, mientras que las cajas han elevado la financiación concedida en un 14,92%, las cooperativas de crédito han experimentado un crecimiento de casi el 100%, y en un 578,56% las entidades públicas.

Tras reconocer las dificultades por las que sigue atravesando el sector inmobiliario, Blanco quiso mostrar su esperanza sobre el futuro al señalar que se había quedado atrás la fase más intensa del ajuste para, seguidamente, hacer un llamamiento a las entidades financieras para que atiendan a las demandas de crédito para que el sector pueda estabilizarse y reanudar la actividad.

La reunión de la mesa de seguimiento del plan sirvió también para presentar un informe elaborado para precisamente reajustar el referido plan, de cara a garantizar la reducción del déficit al 3% en el año 2013, tal y como exige la Comisión Europea, manteniendo, no obstante, las prioridades políticas en materia de alquiler y rehabilitación.

Prioridades que están detrás de las últimas reuniones bilaterales mantenidas en las últimas semanas entre los responsables de Fomento y los de las comunidades autónomas, tras las que se han firmado numerosos acuerdos para la financiación de las áreas de rehabilitación y renovación urbana, convenios de urbanización de suelo para vivienda protegida y acuerdos para financiar la promoción de alojamientos para colectivos vulnerables y universitarios.