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    El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho que, si el almacén subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), estuviera en funcionamiento, supondría un coste de 214 millones de euros al año, frente a los 95 millones que cuesta tenerlo hibernado.

    Nadal ha señalado, en el Pleno del Senado, que el almacén era "un proyecto faraónico que no hacía ninguna falta", y ha subrayado que, cuando el PP llegó al Gobierno, encontró un contrato y un real decreto, elaborados por el anterior Ejecutivo socialista, que "eximía de cualquier responsabilidad" a la empresa concesionaria. En respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubá, Nadal ha recordado que el Gobierno del PP pidió la nulidad al Tribunal Supremo, que no la concedió. Según el titular de Energía, de haber funcionado, el almacén Castor conllevaría un coste anual de 214 millones con cargo a los consumidores de gas.

    En la actualidad, el coste del proyecto supera los 95 millones al año: 80 millones por el pago de la indemnización a la concesionaria, Escal UGS, que construyó la instalación; y 15,7 millones por mantener hibernado el almacén.

    Escal UGS, controlada por la constructora ACS, renunció a la concesión en julio de 2014 y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. "Creo que tan mal no lo hicimos como Gobierno tratando de reparar los errores de los gobiernos anteriores", ha recalcado Nadal.

    El ministro ha recordado que el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluye que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén y que la situación actual es estable.

    Por ello, ha reiterado que, aunque el objetivo es desmantelar el almacén, hay que hacerlo "con la máxima prudencia" para evitar nuevos seísmos. El senador de ERC ha pedido también que se depuren responsabilidades por el "fracaso" del proyecto. En este punto, Nadal ha explicado que el tema está "judicializado" y que, por lo tanto, las responsabilidades las fijarán los tribunales.

    El proyecto Castor comenzó sus operaciones en mayo de 2012, dando inicio el 10 de abril de 2012 la primera inyección de gas. El proyecto era propiedad de la empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS).

    El proyecto fue paralizado en 2014, dado que se estimó que el proyecto estaba provocando sismos de pequeña magnitud que habían provocado alarma social, en las provincias de Castellón y Tarragona.

    Finalmente el proyecto cesó actividades en septiembre de 2013 y fue liquidado a finales de 2014, cuando el gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros. Sin embargo, la OCU calculó en 4.730 millones el monto que los consumidores habrán pagado por el proyecto fracasado.

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