La situación se repite en múltiples casos. Empresa que entra en concurso y que al cabo de unos años logra superarlo. Pero lo hace de una manera virtual a través de convenios de acreedores inasumibles. Ni los propietarios ni, por supuesto, los acreedores confían en que se puedan asumir los pagos de deudas tan cuantiosas, pero prefieren tirar hacia adelante antes que adentrarse en la definitiva liquidación.
La inmobiliaria Habitat es un ejemplo palmario de esta situación. Como Martinsa-Fadesa, se tuvo que acoger a concurso en 2008 con un pasivo, en su caso, superior a los 2.000 millones de euros. Y, como la empresa presidida por Fernando Martín, tres años después superaron la quiebra tras la aprobación del convenio de acreedores. Pero solo sobre el papel. En la práctica, la situación sigue siendo de quiebra.
Ahora, después de ventas a las entidades financieras, la empresa presidida por Bruno Figueras ya no debe aquel dineral, pero los más de 1.100 millones que todavía debe siguen siendo excesivos para los ingresos que se obtienen, con lo que devolverlo se antoja imposible. Además, sus activos son muy inferiores a las deudas que embalsa el balance.
La única razón de que no haya ido a liquidación radica en el coste que esto supondría para sus acreedores, aunque, como reflejan los auditores de la empresa, Habitat está inmersa en una incertidumbre significativa para continuar sus operaciones y liquidar los pasivos, con unos recursos propios negativos de casi 620 millones de euros.
Cuenta con un activo consolidado de 564 millones. En él se incluye una tesorería de 80 millones y unas existencias por valor de 430 millones, de las que dos tercios son solares y terrenos y el resto promociones en curso y edificios de oficinas terminados. El otro platillo de la balanza son los pasivos financieros, que ascienden a la friolera de 1.124 millones. De éstos, casi 400 millones se convirtieron en créditos participativos a raíz del convenio judicial.
En 2013 solo fue capaz de ingresar 33 millones de euros, y más de la mitad procedentes de daciones en pago acordadas con los bancos. Con todo, la cuenta de resultados arrojó un déficit de explotación de 97 millones, para acabar perdiendo casi 40 millones de euros.
Y la cosa podría haber sido peor si los accionistas minoritarios –Isak Andic, Emilio Cuatrecasas, Dolores Ortega, José Antonio Castro Sousa y la familia Rodés– hubieran logrado que los tribunales accedieran a sus pretensiones de devolución de los 155 millones de euros invertido por el quebranto acaecido. Juntos suman el 25% del capital de Habitat, el que adquirieron un año antes de que la inmobiliaria quebrara en la operación de compra de Ferrovial Inmobiliaria.
