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    La Agencia Tributaria de Madrid emitirá un informe para analizar las consecuencias jurídico económicas relativas a posibles cambios en el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la ciudad de Madrid. Así se ha acordado en el Pleno tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula una parte de la "plusvalía" en Guipúzcoa.

    El impuesto grava el incremento del valor (plusvalía) de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el momento de su venta, y se calcula a partir de su valor catastral y de los años durante los que el propietario ha sido titular del mismo. La regulación del impuesto calcula por defecto un incremento del valor de los terrenos, independientemente de que ello ocurra o no en realidad. La sentencia del Tribunal Constitucional anula su aplicación en los casos en el que los terrenos o inmuebles se hayan vendido con pérdidas en el caso de Guipúzcoa.

    El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha subrayado que esta sentencia no puede extenderse más allá de su ámbito de aplicación en estos momentos. Es previsible, aun así, que el Tribunal Constitucional dicte sentencia similar en el caso de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bajo la que se rige el Ayuntamiento de Madrid. En ese caso será el Ministerio de Hacienda el órgano competente para decidir cualquier cambio al respecto, dado el escaso margen para regular sus impuestos que tienen los municipios. No obstante, la Agencia Tributaria de Madrid presentará un informe, en el que ya está trabajando, para prever posibles consecuencias.

    En estos momentos no resulta posible cuantificar el volumen de reclamaciones, el número de liquidaciones afectadas. Sería necesario llevar a cabo una actividad probatoria individualizada y específica para determinar la devolución del impuesto liquidado en cada caso. No hay previsión de que el impacto económico que puede tener en la recaudación del impuesto sea grave. Madrid es una de las ciudades donde menos han caído los precios de los inmuebles. La recaudación de la plusvalía en 2016 superó los 600 millones de euros.

    El informe de la Agencia Tributaria analizará, además, a qué administración corresponde soportar la liquidación de los impuestos, en el caso de que el Tribunal Constitucional finalmente falle al respecto. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público apunta a la responsabilidad patrimonial del Estado cuando se declare la inconstitucionalidad de una ley.

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