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    El Ayuntamiento de Barcelona ha obligado a la propiedad del edificio situado en la calle Aragón 477 a solicitar una licencia de obra mayor, ya que ha detectado que había pedido hasta 25 permisos de obras menores para esquivar las obligaciones legales con el vecindario.

    La tramitación de una obra mayor supone que se garanticen los derechos de los inquilinos, ya que obliga a la propiedad a realojarlos temporalmente y, si conviene, durante el tiempo que duren las obras y a garantizarles el retorno a casa una vez acabadas.

    El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha asegurado que "es muy preocupante que los inversores compren edificios enteros para rehabilitarlos, poniendo en peligro el derecho de los inquilinos e incluso sus condiciones de vida".

    El primer teniente de alcaldía y concejal del distrito de L'Eixample, Gerardo Pisarello, ha recordado que "la protección del derecho a la vivienda es una prioridad absoluta para el Gobierno municipal. No permitiremos este tipo de situaciones, que impiden a los vecinos y las vecinas quedarse en sus barrios".

    Se trata del primer caso de estas características en el que se actúa con esta contundencia, aunque se han detectado hasta 38 casos parecidos. El Gobierno municipal quiere que se convierta en un procedimiento ejemplar que se pueda llevar a la práctica de manera sistemática cuando se produzcan y se detecten este tipo de situaciones.

    Para evitar situaciones de desesperación y angustia de familias que viven de alquiler y que ven cómo las fincas donde viven cambian de propiedad y cómo se inician procesos de transformación y de vaciado, el Ayuntamiento está trabajando para introducir cambios en la manera en la que se tramitan las solicitudes de licencias en las fincas.

    Se plantea la posibilidad de incorporar, en la documentación que se tiene que presentar para solicitar las licencias, una declaración responsable firmada por los propietarios de la finca, que recogerá el cumplimiento de los derechos y las obligaciones con respecto al realojamiento y retorno de los inquilinos, si así lo recoge la normativa.

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