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    Muchas medidas se han tomado para paliar el grave problema que supone el acceso a muchas fincas urbanas, ocupadas en un porcentaje muy alto por personas mayores con problemas de accesibilidad, pero siguen siendo insuficientes. Edificios construidos hace medio siglo o más, y con más de cuatro plantas de altura, que no cuentan con ascensor.

    Para dar una solución definitiva, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha urgido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a acometer la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

    Un cambio normativo de cara a obligar a las comunidades de propietarios a asumir íntegramente el coste de las obras y actuaciones de accesibilidad de los inmuebles en los que vivan vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

    El Cermi ha trasladado al Congreso una propuesta de reforma del régimen legal de la propiedad horizontal que, tienen por objeto resolver un grave problema social derivado de la ausencia de accesibilidad de gran número de los inmuebles de nuestro país, que impide a las personas con discapacidad y mayores ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.

    Entre las propuestas concretas de modificación, el CERMI plantea la supresión del límite vigente de 12 mensualidades de cuotas cuando sea solicitada por los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.

    Este límite marca, desde 2011, el punto hasta donde están obligadas las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras y actuaciones de accesibilidad y lo que supere dicha cantidad no resulta obligatorio, siendo por cuenta de las propias personas afrontar el coste de la intervención de accesibilidad.

    En la vigente legislación de Propiedad Horizontal, esta limitación se aplica solo a la accesibilidad. No así en otras cuestiones como la seguridad o estanqueidad del edificio, en las que la obligación de la comunidad es total con independencia del coste de la obra o la actuación.

    Por todo ello, desde el Cermi se exige que la ley no imponga un trato desigual más negativo cuando se trata de la accesibilidad, lo que supone una clara discriminación que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad y mayores.

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