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    El CAFMadrid solicita al Gobierno explicaciones acerca de las razones que han retrasado la transposición total de la Directiva Europea 2012/12, que obliga a la instalación de sistemas de medición individuales antes del 1 de enero de 2017.

    El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) muestra su sorpresa porque finalmente el Gobierno no haya transpuesto en su totalidad la Directiva Europea 2012/12, que, entre otros artículos, obligaba a la instalación de sistemas de medición individuales en los edificios dotados con un sistema de calefacción central antes del 1 de enero de 2017.

    Para Apolonio Dorado, vicepresidente del CAFMadrid, "no se comprende que el Gobierno haya retrasado esta exigencia europea dado que en los últimos años ha solicitado, a través del IDAE, la colaboración de los administradores de fincas para que las comunidades de propietarios aprobaran la instalación de repartidores de costes de calefacción".

    Es por ello que, desde el CAFMadrid, se solicita al Gobierno oportunas explicaciones acerca de las razones que han retrasado esta normativa europea de obligada trasposición. "Desde las Administraciones se nos ha presentado como una oportunidad de ahorro para las comunidades de propietarios de acuerdo a una exigencia que venía de Europa, y ahora esta falta de regulación puede dar lugar a una falta de confianza por parte del consumidor".

    Se ha invertido ya, según estimaciones del sector, más de 11 millones de euros en la instalación de 400.000 repartidores y 200.000 válvulas termostáticas aproximadamente en todo el país. Esto es, 1.250 edificios residenciales ya han apostado por individualizar su consumo de calefacción.

    Los estudios realizados por las empresas del sector estiman además que la aplicación de esta medida permite reducir hasta un 20% del consumo de calefacción así como evitar la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.

    "Ahora esta decisión genera inquietud entre los administradores de fincas por su papel de mediadores con los propietarios de las viviendas, quienes como usuarios finales tienen derecho a una información fiable por parte del Gobierno", zanja el vicepresidente del CAFMadrid.

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