Ni es compra ni es alquiler. La tenencia intermedia de viviendas que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya está diseñando es un modelo híbrido para que las familias paguen cada mes por su vivienda un porcentaje que corresponde a la compra y otro para usar la casa. Para ello, se debe modificar el Código Civil, y reducir, de 30 a 10 años, el plazo de protección de pisos sociales con poca demanda.
En el fondo, es una vuelta más con la que el Ejecutivo catalán trata de blindar el sobreendeudamiento y, de esta manera, evitar desahucios si las familias cedieran porcentaje de propiedad a los dueños de sus pisos, ya sean entidades financieras o promotores inmobiliarios, públicos o privados.
Esta figura híbrida, muy habitual en otros países, especialmente en Gran Bretaña, lo que busca es que se compre poco a poco, de manera que, con el paso de los años, el porcentaje de propiedad aumente y el de alquiler se reduzca hasta alcanzar el momento en el que los inquilinos iniciales se convierten en propietarios. El porcentaje de venta y alquiler depende de lo que las dos partes acuerden y los bancos españoles que operan en Reino Unido están habituados a dar estas singulares hipotecas.
De salir adelante esta iniciativa, podría ser una medida para reactivar el mercado inmobiliario catalán. Para las familias que sigan pensando en la compra como su principal opción residencial, la tenencia intermedia supone contratar hipotecas que realmente pueden pagar de acuerdo a su capacidad de ingresos.
Como era de esperar, en la primera toma de contacto realizada por los responsables catalanes en materia de vivienda, el nuevo modelo de tenencia intermedia ha sido bien acogida entre los promotores públicos y las entidades financieras, pero se ha topado con los recelos de los promotores inmobiliarios, que no acaban de ver clara esta figura alejada de la venta pura y dura.
Para que la tenencia compartida se ponga en marcha el plazo de protección de las viviendas se convierte en un elemento clave, al acortar la vigencia del plazo, de treinta a diez años, en promociones levantadas en suelos sin reserva urbanística de destinación y sin obtener ayudas directas en municipios no incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada. Estas áreas corresponden a los 67 municipios más poblados de Cataluña.
