Madrid. No hay mal que por bien no venga. Como reza el refrán, la reducción de la inversión inmobiliaria por la crisis económica y la persecución judicial de numerosos presuntos implicados ha provocado que los niveles de corrupción se hayan estancado en España tras cinco años de incremento, según se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.
Según Jesús Lizcano, presidente de la organización en España, el país ha mantenido en 2010 la misma puntuación de 2009 (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista “menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario”.
En la presentación del informe, el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria señaló explicó que en los últimos años “se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística”, sobre todo en las corporaciones locales. “Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes. Pocos controles y mucho dinero eran dos ingredientes para elaborar un cóctel explosivo”, apuntó Villoria.
Desde la llamada ‘operación Malaya’, que convirtió Marbella en el epicentro de la corrupción urbanística, no han parado de aparecer casos de corrupción en todos los rincones de la geografía española. Alcaldes y concejales de todos los partidos políticos han aparecido en los medios de comunicación relacionados con operaciones urbanísticas de dudosa legalidad.
