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    ¿Qué fue de aquel Grupo 14 Inmobiliarias por la Excelencia creado en octubre de 2007 para tratar de defender los intereses de las principales empresas del sector ante la que se avecinaba?

    Una década después, de aquella excelencia no queda prácticamente nada. Las decenas de miles de millones de euros de deuda financiera, que acumularon durante el boom inmobiliario de la primera mitad de la pasada década, las dejaron al borde de la extinción.

    Renta Corporación, Realia -controlada por el magnate mexicano Carlos Slim- o Quabit, lograban resistir a la hecatombe, y andan tratando de seguir vivas en esta nueva etapa que se apunta, de ligera recuperación.

    Mientras que Colonial, tras dejar al margen la actividad promotora, barrunta cerrar el presente ejercicio con unos beneficios próximos a los 350 millones de euros.

    El resto de empresas no corrieron tanta suerte. Martinsa-Fadesa anda en plena fase de liquidación de activos, mientras que Reyal Urbis o Nozar se están aferrando, como un clavo ardiendo, a los recovecos legales para tratar de demorar el mayor tiempo posible el fatídico desenlace.

    Metrovacesa, la que fuera mayor inmobiliaria de España y la más antigua, ha quedado, en parte, fagocitada por la socimi Merlin. Y Vallehermoso directamente desaparecía.

    Su matriz, el grupo constructor Sacyr presidido por Manuel Manrique, primero retiró, en 2012, el nombre de la inmobiliaria de la identidad corporativa (Sacyr Vallehermoso se quedó solo en Sacyr) y, dos años después, lograba culminar la liquidación encubierta de activos, con la inestimable ayuda de la Sareb.

    El banco malo se había convertido en principal acreedor de la inmobiliaria al adquirir, por la mitad de su valor, deuda por un nominal de 580 millones de euros, la mitad procedente de Bankia y el resto de Novagalicia y Catalunya Caixa.

    Tras arduas negociaciones, a finales de 2014 Sacyr lograba extinguir la deuda de Vallehermoso frente a Sareb por un importe neto de 448 millones de euros. Primero, vendiendo obras en curso y terrenos por 409 millones, y rematando, después, con productos terminados (viviendas y locales) por otros 39 millones.

    Desde el punto de vista concursal, Reyal Urbis esperaba la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid para conocer su futuro. Ya la sabe. Podrá seguir otro año en el limbo jurídico antes de entrar en liquidación.

    El tribunal madrileño resolvía que, en este caso, procedía la interposición de un recurso de reposición ante el mismo Juzgado mercantil 6 de Madrid -el que, en septiembre de 2015, tumbó el convenio de acreedores- y no el de apelación, por lo que desestimaba este y concedía la posibilidad de interponer el citado recurso de reposición.

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